CRÍTICA AL RD DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA APROBADO EN ESPAÑA

¿Para qué sirve?, ¿Es intervencionista?, ¿Es recaudatorio como en su día lo fue la I.T.E.?; ¿Ahora es el momento de su promulgación y obligatoriedad, en un marco donde el mercado de compra y venta está muerto, no ….lo siguiente?. Parece que en España persistimos en la estupidez, o en la sinvergonzonería, para “sacar” y/o “exprimir” lo “poquito” que queda a los ya exiguos bolsillos de los ciudadanos, con ese halo de suicidas que llevamos sobre nuestras cabezas, pues no olvidemos que si necesitamos reactivar el mercado inmobiliario, ésta no va a ser la mejor de las maneras.

La aprobación, del Real Decreto para la certificación energética de edificios existentes, y la obligatoriedad de presentar el llamado Certificado de eficiencia energética para operaciones de compraventa o arrendamiento de edificios ya existentes; (hasta la fecha, dicho certificado ya era necesario para la ejecución de edificios de obra nueva, incluyéndose el mismo en los correspondientes proyectos de ejecución de los edificios de nueva planta); tiene toda la pinta de ir por el mismo camino que la I.T.E., que en su día yo defendí como instrumento válido de seguridad en el tráfico mercantil inmobiliario, así como de aplicación de un registro de “memoria de mantenimiento” de los edificios, en beneficio de la conservación de los mismos……, claro si se hubiera hecho desde el espíritu de la Ley, y no para corromperla como hacemos siempre, para enseguida encaminarnos desde instituciones del Estado a los lobbies de poder que…..”han encontrado un nuevo pelotazo”, para amigos y correligionarios.

El RD es un “pinta y colorea” muy apto para obtener jugosas subvenciones en los casos de proyectos o concursos públicos que, en la realidad, ni es verificado por nadie ni llega a materializarse en la mayoría de las ocasiones, ni tiene en cuenta parámetros distintos a los contemplados por el certificado y que, en cambio, son tanto o más importantes para la ejecución de edificaciones con un consumo energético reducido o -con permiso de la miscelánea legislativa-, plenamente autosuficientes.

Pero lo primero que considero digno de crítica y totalmente paradigmático del sistema en que vivimos, es el carácter “obligatorio” de este certificado, lo cual conlleva la correspondiente tasa administrativa y la creación artificial de un nicho de mercado entre los técnicos habilitados para la emisión de este tipo de documento. Ahora que la crisis aprieta, y que tan de moda está la segmentación, nada como generar vía Decreto un nicho de mercado basado en la obligatoriedad de presentar un documento en los actos de compraventa o arrendamiento de edificios y viviendas. Sin duda alguna, esta imposición conllevará un aumento importante de la recaudación de tasas por parte del Estado, (vía impuesto directo o impuesto sobre los servicios profesionales de los técnicos habilitados, aún por determinar), a pagar como es natural, por el sufrido contribuyente que, en la medida de lo posible, tratará de desviar dicho gasto al futuro inquilino o comprador del bien inmueble objeto de emisión del certificado correspondiente. Y como es lógico, para gloria de los habilitados para emitir este tipo de documentos y de las múltiples asociaciones y “escuelas de formación” que se van a beneficiar de la imposición obligatoria de los mismos.

Lo que critico abiertamente no es, por tanto, la bondad de establecer mecanismos y procedimientos de control sobre el consumo energético de los edificios, -algo que me parece útil y necesario- y que empresas privadas ya han venido investigando y desarrollando con recursos propios desde hace años, sino el hecho de imponer dichos mecanismos de control, con unas tasas inherentes, y unos parámetros de calificación únicos, tasados y predeterminados.

Si los consumidores consideran que los edificios con mejores rendimientos energéticos tienen más valor, ya se encargarán ellos de encargar de motu propio o solicitar a los propietarios de los mismos, los informes que sean necesarios para determinar la calificación energética de los inmuebles objeto de transacción comercial, a fin de añadir dicha información a la valoración final de los mismos. Pero imponer por Decreto la emisión de dicha información es una muestra más del intervencionismo insufrible que padecemos y que sólo tiene como objetivos recaudar y favorecer a determinados grupúsculos y lobbies empresariales.

En efecto y como hemos dicho, si el consumidor considera importante el estudio del gasto energético de un bien inmueble, (para el cual tampoco hace falta realizar, en la mayoría de los casos, un análisis excesivamente complejo), no tiene más que solicitarlo a la propiedad o costearlo con sus propios medios, sin que nadie le obligue a ello y, faltaría más, le cueste una tasa por obra y gracia del Estado. (no puedo dejar de pensar en una escena de arma letal, en donde Joe Pesci, postrado en una camilla de hospital, – en una crítica al sistema sanitario americano- muy trasladable al caso, salvando las distancias lógicamente; y, se dirige a Mel Gibson, y le dice aquello de…..”y te joden, te joden, te joden)

Dicho sea de paso, conviene recordar que todos los impulsos con visos de futuro en la investigación y desarrollo de materiales y tecnologías que logran una reducción del consumo energético de los edificios, están siendo llevados a cabo por empresas privadas del sector, y efectivamente, corresponde a las mismas, optimizar y mejorar sus productos para satisfacer las exigencias de los consumidores finales. Por el contrario, cuando desde el Estado se trata de imponer deliberadamente el desarrollo de determinadas tecnologías en el sector, (como la imposición de las ineficientes placas solares o la subvención multimillonaria de molinillos de viento o huertos solares-fotovoltaicos), más temprano que tarde, explotan burbujas de inversiones que maquillaban su inviabilidad económica gracias a las ingentes inyecciones de dinero público y/o a la fijación de precios por parte del Estado.
Cuando los consumidores muestran una nueva preferencia por la reducción del consumo energético de los edificios, en base tanto a factores de encarecimiento de la energía como a factores de sensibilidad social, son ellos mismos los que condicionan a los empresarios que ejecutan nuevas obras y a los propietarios que poseen edificaciones existentes, a implementar materiales e instalaciones que logren una mayor reducción del consumo energético y un menor impacto medioambiental. Y este proceso lleva produciéndose desde hace años. Que España, se sume a dicho proceso de empoderamiento espontáneo mediante la implantación obligatoria de un modelo de certificación energética con su correspondiente tasa administrativa, (ya veremos si directa, indirecta sobre los honorarios profesionales, o ambas) sólo es una muestra de medida recaudatoria, de búsqueda de nuevas líneas de negocio para los “fuertes”. Lo que para ellos es hoy novedad y fuente de ingresos, lleva siendo desde hace años un signo de diferenciación y calidad en muchas de las empresas del sector.

Rafael Ardura Urrea
Business Manager
GRUPO RETIRO

CEO-Founder&MD Partner
SERVIGESTION

Project Manager
ALLES HAUS BAUAG

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Posted in Asesoria/Consultoria Financiera, GRUPO RETIRO, Rafael Ardura Urrea

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