SERVICIOS SOCIALES: ¿DE DONDE VENIMOS?

SERVICIOS SOCIALES: ¿DE DONDE VENIMOS?
POST 1:
Sobre Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

Como ya sabéis muchos de vosotros trabajo por y para las Personas Mayores, en la contratación de Rentas Vitalicias Inmobiliarias e Hipotecas Inversas. Son productos financieros-inmobiliarios que permiten a las Personas Mayores de 65 años rentabilizar en vida sus viviendas, obteniendo ingresos mensuales (en función de su edad y del valor del inmueble), sin renunciar al uso y disfrute de por vida de su propiedad e incluso sin modificar la titularidad.

Ante la bajada de las pensiones, la disminución del poder adquisitivo en caso de viudedad, la necesidad de nuevos recursos para ayuda del sostenimiento familiar, etc., que actualmente comportan una realidad para las Personas Mayores, éstas podrán cubrir todas sus necesidades económicas y vivir lo mejor posible, gracias al cobro de una renta mensual durante toda su vida, sin tener que renunciar al uso y disfrute de su casa e incluso con la posibilidad de mantener la propiedad para sus herederos.

Una vez hechas las presentaciones y centrando el tema, el canal de difusión adecuado que hasta la fecha he venido utilizando, para “llegar” más y mejor al Colectivo para el que trabajo, ha sido el de Asociaciones, y Confederaciones de Mayores, ONG´S; Centros y Complejos Residenciales privados, Empresas de Asistencia a Domicilio; etc…., así como con los Servicios Sociales de la Administración municipal, sobre todo el Servicio Regional de Bienestar Social. Desde este enfoque intento cada día llegar a más y más personas de un Colectivo que en España cada vez es más numeroso (y seguirá en ascenso), con necesidades urgentes, basten algunos datos, que expuse en la reciente intervención que hemos tenido en el SIMA 2013.

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No agradeceré bastante la labor que desde hace más de diez años vengo haciendo con todos ellos, ayudándome hasta ahora en el actual marco regulatorio y ante situaciones de necesidad social, como es la actual, con la crisis económica que nos acucia dese hace ya algo más de seis años.

Por eso mi reflexión ante el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y su argumentación, no puede ser otro que “negativo”, de confirmarse su promulgación. Para empezar desde Enero con la Administración nada he realizado, porque estamos con el “síndrome” de: (….) “se va a pasar todo a la Comunidad de Madrid”, “míralo en http://www.madrid.org”, “veremos haber que dice el Consejo Sectorial” (…). ¿Qué contradicción, no?, justo en el momento que más se necesita, en lo mío, como en dependencia, como en tantas y tantas cosas que en lo referente a Servicios Sociales afecta.

De hecho mis pasos se están redirigiendo, sobre todo desde la Ley de Liberalización, y su consideración como profesionales independientes, hacia el trabajador social, y las organizaciones que les agrupan, con el objetivo de difusión, ya que sigo considerándolo muy necesario.

En España la constitución del Sistema Público de Servicios Sociales en España, se ha cimentado en:

1. Fusión de los Servicios Sociales de la Seguridad Social con los del Estado, y transferencia de competencias plenas a las Comunidades Autónomas.

2. Promulgación de las Leyes de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, en las que se definen las necesidades concretas a las que se quiere dar respuesta desde los Servicios Sociales, estableciéndose un sistema integrado en el que los clásicos Servicios Sociales sectoriales (personas mayores, personas con discapacidad, menores,…) se sistematizan con la oferta de unas prestaciones homogéneas al conjunto de los sectores y una Red de Servicios, que son la base de la oferta del Sistema Público integrado de Servicios Sociales.

3. En 1985 nace la Ley de Bases de Régimen Local, donde se establece la obligatoriedad de los Ayuntamientos a prestar Servicios Sociales derogándose jurídicamente la Beneficencia Pública.

4. Aprobación en 1987 del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales entre las Administraciones Públicas. Este Plan surge precisamente, como acuerdo de las Comunidades Autónomas, la FEMP y la Administración Central para garantizar los derechos básicos, que en Servicios Sociales, ha de tener toda la ciudadanía española, con igualdad de condiciones, independientemente de su territorialidad. Es de destacar el Plan como expresión de garantía de unos contenidos básicos homogéneos en las leyes de Servicios Sociales.

De esta forma, se constituye un Sistema Público de Servicios Sociales que reconoce derechos sociales de la ciudadanía ante “situaciones específicas de necesidad social”, definiendo dichos derechos a través de las correspondientes prestaciones básicas. Las instituciones disponen de una organización y estructura administrativa cuyo soporte son las Concejalías de Servicios Sociales de los Ayuntamientos, las Direcciones Generales e Institutos de Servicios Sociales de Diputaciones, Comunidades Autónomas y Ministerio de Asuntos Sociales, que han de poner en marcha una amplia red de centros y equipos profesionales, promoviendo asimismo la cooperación con organizaciones no gubernamentales para hacer efectiva la atención social, la prevención de la marginación y la promoción social de las personas, grupos y comunidades a las que afectan las situaciones de necesidad social que el sistema aborda.

Los servicios sociales en España desde entonces tienen su propia “hoja de ruta”, respecto a otros sistemas del Bienestar, ya que Servicios Sociales asume perfectamente la colaboración de la iniciativa privada y el voluntariado social con el sistema público. Así pues, se configura el Sistema de Servicios Sociales como Sistema Público de Gestión Mixta, lo que implica gestión compartida, en determinados niveles de la prestación de servicios, bajo responsabilidad, financiación, control y seguimiento de las administraciones públicas que contratan o subvencionan los servicios de acuerdo a las cláusulas técnicas y administrativas establecidas.

Entiendo como profesional que una de las medidas del Gobierno para adelgazar la “superestructura” del Estado, sea hacer reformas legislativas, con el objetivo puesto en la reducción del déficit, es más comparto en este caso concreto esa idea: “prefiero suprimir gasto público que alivie el déficit, y no subir impuestos que incentivan el consumo”, ya que para mí la austeridad por sí sola no resolverá esta crisis.

El problema es que en España, SIEMPRE ESTE TIPO DE REFORMAS SE HACEN SIN CONTAR CON LOS VERDADEROS PROFESIONALES DE CADA RAMO O SECTOR, lo que siempre nos lleva al “desastre”, y por ende a la desaparición de Derechos.

Entiendo que haya que pasar por esa dieta de adelgazamiento, pero cuando uno quiere adelgazar, a quien acude: al “otorrino”, no, no?, acude al endocrinólogo, al objeto de no perder salud, y alcanzar el objetivo final que no solo es perder peso, sino no recuperarlo nunca más, o lo que es lo mismo padecer el efecto rebote, que es lo que suele pasar cuando lo hacemos por nuestra cuenta o cuando, acudimos a pseudo profesionales.

En virtud de ello creo que los expertos que hayan redactado este Anteproyecto, no han acudido a las Asociaciones, las ONG´S, a los Trabajadores Sociales, etc…., que son los profesionales que más y mejor pueden ayudar a una reforma de este calibre, sin que se pierda la salud, y ayudando en el objetivo de reducción del gasto público.

Sobre este Anteproyecto voy a dedicar tres post: el siguiente se titulará: Servicios Sociales ¿Hacía donde vamos?.

Rafael Ardura Urrea
Business Manager
GRUPO RETIRO

CEO-Founder&MD Partner
SERVIGESTION

Project Manager
ALLES HAUS BAUAG

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Posted in Asesoria/Consultoria Financiera, GRUPO RETIRO, Rafael Ardura Urrea

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