¿LA SEGURIDAD JURÍDICA ES EL PRINCIPIO RECTOR DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL INMOBILIARIO ESPAÑOL?

¿LA SEGURIDAD JURÍDICA ES EL PRINCIPIO RECTOR DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL INMOBILIARIO ESPAÑOL?

La seguridad jurídica es un principio del Derecho, universalmente reconocido, que se basa en la “certeza del derecho”, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público.
He querido empezar con esta definición, que no es nada baladí, y que trasladada al mundo inmobiliario, significa de cara a la fijación para el inversor internacional que el mercado inmobiliario español, esté en el objetivo de sus inversiones. Y, si podemos decir que en éstos momentos lo está, pues nuestra legislación favorece a ello.
El inversor extranjero suele prestar especial atención a la legislación que se aplica en cada país a la hora de llevar a cabo inversiones de cualquier tipo y, por tanto, aquellas que afectan directamente al mercado inmobiliario serán objeto de estudio por parte de sus asesores. España con sus “claro-oscuros”; tiene un sistema jurídico desarrollado y adaptado a la realidad de mercado de cada momento. El sistema jurídico debe de ser flexible, ya que dicho mercado no es estático y varía según la coyuntura económica y social de cada momento.
Ahora bien el ser adaptado no significa estar reformando y “contrareformando”, no, ese no es el camino pues puede producirse el efecto contrario al deseado. Esta “seguridad jurídica” juega un papel fundamental a la hora de calcular sus retornos de la inversión. Un país en el que se cambian continuamente las leyes puede volverse poco atractivo de cara a los inversores extranjeros, ya que se sienten en una posición de absoluta indefensión frente a los cambios que se realicen en relación con una determinada materia. Hace no muchos meses, en España se vivió una situación de este tipo, y que afortunadamente es o ha sido la excepción que confirma la regla; con la publicación de los decretos sobre las provisiones que debían llevar a cabo los bancos en relación a su exposición inmobiliaria. A finales de 2012, se publicaron los Reales Decretos Leyes 2/2012 y 18/2012, de enero y mayo del mismo año respectivamente (llamados vulgarmente Decretos Guindos I y II)”.
El problema es que ambos se publicaron con apenas cinco meses de diferencia y regulando la misma materia pero siendo el segundo más restrictivo que el primero. La situación se agravó cuando desde las Administraciones Públicas, y por sugerencia de la troika, no se cerró la puerta a un posible tercer decreto que endureciera las medidas propuestas por sus predecesores”.
Dicho esto España ofrece un marco jurídico estable a nivel de normas relativas al planeamiento urbanístico y la gestión del suelo o los planes generales. Lo mismo ocurre con todo lo relacionado con licencias, cambios de usos, etc…y, esto es muy importante como decíamos, y debe de seguir así y tenido en cuenta por los distintos Gobiernos, pues lo hemos sufrido, en otros sectores, (ya hubo en España, una “retirada” de inversión importante, ya hecha, por la modificación en las tasas, en el sector de energías renovables).
Otras normas muy importantes, y que se relacionan directamente con la reflexión anterior, es la normativa fiscal, que no deja de ser parte muy importante de la legislación y tiene un impacto fundamental a la hora de calcular los retornos de una inversión. Un determinado marco fiscal puede hacer inviable, desde un punto de vista financiero, una inversión al gravar en exceso un determinado hecho imponible; y lo contrario, un beneficio fiscal puede generar un gran interés por un sector de la actividad que se quiera potenciar desde las administraciones públicas. “Por ello, IVA, ITP, IAJD o la plusvalía municipal, por citar algunos, son impuestos y tasas que tienen un fuerte impacto en una inversión y que deben de estar perfectamente claros desde una perspectiva legal y sin visos de cambios sustanciales a corto plazo”.

En otros post, hablaremos de otros dos importantes pilares, aparte de la legislación, que marcan la “hoja de ruta” de toda inversión, que no es otra que el cálculo del retorno de la inversión, mediante las variables precio-retorno, y, la financiación.

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