EL DINERO PARA LA DEPENDENCIA SE CONGELA A PESAR DE LA INTERMINABLE LISTA DE ESPERA

“…El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es a día de hoy sostenible y estable gracias a las reformas emprendidas por el Ejecutivo han asegurado fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad…”; http://bit.ly/VUxnqC .

La verdad es que no me extraña, porque si reflexionamos un poco en cómo se financia la dependencia en España, nos encontramos con un muy notable retroceso en la financiación estatal del sistema de ayudas. De soportar el 40% del coste del sistema en 2009, el Ministerio ha pasado a hacerse cargo del 19% en 2013. En este periodo, la aportación de las CCAA, ha crecido del 50,8% al 62%, y el copago de los usuarios casi se ha duplicado. Resulta, por tanto, evidente que la aportación estatal ha ido menguando proporcionalmente al incremento del copago, recayendo la mayor parte del esfuerzo en las autonomías que en la mayoría de los casos sino “tienen, no ayudan”; lo que revierte en que al final todo recae en el propio dependiente. Por eso se puede afirmar que es sostenible, y estable, (“mea culpa”, lo digo con ironía).

Mientras un número ingente de dependientes (más de 184.000) sigue sin poder acceder a las prestaciones a pesar de tener el derecho reconocido, y el número de beneficiarios se encuentra en claro retroceso, el Gobierno apuesta por dejar la situación como está y congelar el presupuesto para estos fondos en 2014.

La partida destinada a las CCAA en el anteproyecto de presupuestos para el año, es decir, la cuota que le corresponde pagar al Gobierno por los dependientes, es la misma que la registrada en las cuentas de 2013. El dinero reservado para el nivel mínimo de protección –tal y como se conoce a la parte del coste de dependencia que corresponde al Estado por dependiente registrado— asciende a 1.087.179.320 euros en 2014 y, oficialmente, es igual al presupuesto inicial del año 2013.

Oficialmente porque, en realidad, esta cantidad será ligeramente inferior. El Ministerio de Sanidad ha detraído un 0,1% (1.097.270 euros) para hacer frente a deudas pendientes correspondientes a las ayudas estatales a la dependencia de este ejercicio que hayan quedado por saldar con las CCAA.

Si en lugar de comparar con 2013, abrimos este escenario, y se toma como referencia las cuentas de 2012, las diferencias son sensiblemente mayores. Respecto a entonces, el recorte en el nivel mínimo es del 15%. Pero, además, en este año se eliminó otra partida estatal destinada a las CCAA,  el llamado nivel acordado, que ascendía a 283 millones de euros, que las regiones ya no han vuelto a recuperar.

El inmovilismo presupuestario de la partida de 2014 refleja la poca confianza que tiene el Ministerio de que las distintas Administraciones autonómicas avancen en la gestión de la ley, en pleno retroceso. Las autonomías son las responsables de incorporar a los nuevos usuarios. El coste de cada nuevo beneficiario se reparte entre el copago al que puede estar sujeta la ayuda, la aportación de la comunidad autónoma y la del Estado (el nivel mínimo que reflejan los presupuestos). La asfixia financiera de buena parte de las autonomías está provocando un retraso en la concesión de ayudas, hasta el punto de que, como reflejan los datos oficiales, los beneficiarios de la dependencia en España van a menos.

Como resultado de esta situación, los beneficiarios mueren y (con alguna excepción) las autonomías no son capaces de mantener el ritmo de reposición, como insiste de forma repetida la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Así, entre enero y agosto (último mes con datos disponibles) el número de personas que gozan de una ayuda ha caído en 11.872 hasta situarse en 739.724 personas.

Algo similar sucede con las 201.729 personas (a 31 de agosto) a los que las autonomías han reconocido como personas en situación de dependencia y con derecho a recibir prestaciones que, sin embargo, permanecen al margen del sistema atascados en el marasmo burocrático de la ley. Es cierto que este conjunto de personas era más numeroso en enero de este año (casi 31.000 más). La reducción de la lista de espera, según la entidad integrada por especialistas en servicios sociales, se debe en buena medida a la misma razón que explica la caída de beneficiarios: muchas personas mueren a las puertas del sistema sin ser atendidas.

Las previsiones hacia las que apuntan los presupuestos no invitan a pensar que vaya a haber cambios sustanciales en la gestión de las ayudas. En agosto, según la asociación de directoras y gerentes, cada día se perdieron 150 beneficiarios de la dependencia y cada media hora se perdió un empleo relacionado con el sistema.

Con esta premisas, y teniendo en cuenta que las circunstancias económicas de vida de Discapacitados y Personas Mayores, son inaplazables, ¿qué podemos hacer?. Hace tiempo que he dejado muy claro que la empresa privada no puede sustituir a la Administración, pero si darle cobertura ante determinadas situaciones, de forma temporal o permanente; y es por lo que me permito decir, que en vez de ahogar al dependiente y sus familias con copagos, por ejemplo con estancias en residencias, podrían por ejemplo a través de mecanismos como la conciliación familiar, o proyectos sociales entre Administración y empresas, a través de programas de acción conjunta entre RSE y Servicios Sociales, acelerar esas ayudas que les son, como decía, inaplazables.

La Administración, está claro que no “llega”, y, la empresa privada en España, puede podemos aportar calidad, eficacia y profesionalidad.

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